Ante el cruce de acusaciones que está teniendo lugar entre el gobierno central y autonómico con motivo de la devolución de 112 millones de Fondos Europeos por parte del ejecutivo andaluz, desde Escuelas Católicas de Andalucía se hace un llamamiento al diálogo y a la responsabilidad política y solicita al Ministerio de Educación y Formación Profesional que permita el empleo de los citados fondos en garantizar la gratuidad de esta etapa en el marco del actual modelo, que se encuentra integrado de pleno derecho el sistema educativo público andaluz.
Tras las declaraciones en el día de ayer de la ministra de Educación y Formación Profesional, Pilar Alegría, acerca la devolución de los fondos europeos para la creación de plazas públicas por parte del Gobierno Andaluz, desde Escuelas Católicas Andalucía se pone de manifiesto que ésta se produjo con el apoyo de una amplia mayoría del sector del Primer Ciclo de Infantil y después de agotar el diálogo acerca de un cambio de destino de los fondos que permitiera su empleo en la financiación de la gratuidad de esta etapa educativa.
El actual modelo de Educación Infantil, iniciado con anteriores gobiernos, cuenta con más de 2.200 centros que ponen sus plazas a disposición del sistema educativo público andaluz. Con más de 100.000 menores escolarizados en la etapa y más de 15.000 docentes, en su mayoría mujeres, Andalucía cuenta con una de las tasas de escolarización más altas del Estado.
La realidad demuestra que Andalucía no necesita la creación de nuevos puestos escolares en una etapa cuya red actual cuenta con más de 37.000 vacantes. El problema real de las familias andaluzas con hijos de 0 a 3 años no es la oferta de plazas, sino el coste del servicio. Pese a que actualmente el porcentaje de bonificación del precio público se sitúa por encima de 70%, desde ECA se aboga por la gratuidad total de la etapa para garantizar que no existan obstáculos económicos para aquellas familias que deseen acceder a un puesto escolar.
El Primer Ciclo de Educación Infantil ha demostrado ser una etapa clave para el futuro éxito escolar del alumnado, además de permitir a las familias una adecuada conciliación. Por ello exigimos que cese su uso como arma política y que se permita a la Administración autonómica el empleo de estos fondos a la finalidad que las familias andaluzas requieren: la gratuidad total de la etapa.
Igualmente, desde ECA hacemos un llamamiento al Gobierno Andaluz para que, en cumplimento de los compromisos alcanzados tanto con el sector como con la sociedad andaluzas, presente a la mayor brevedad su hoja de ruta para garantizar la gratuidad de esta etapa educativa que debe quedar plasmada en los presupuestos de 2025.