En un entorno donde parece que muchas cosas se derrumban o, al menos, se mueven, podemos tener la tentación de estar de acá para allá embistiendo a cualquier capote que nos tiren. Sin embargo, aunque debemos tener la suficiente cintura para dar respuesta a los nuevos retos que se nos plantean, debemos seguir la máxima de San Ignacio que nos decía que “en tiempos de desolación no hacer mudanza” (EE. 318). Desde el Departamento Jurídico Regional queremos empezar el curso centrándonos en lo importante para nuestros centros: la defensa de su autonomía organizativa y pedagógica…a pie de calle, manchándonos con ellos.
Ésta es siempre una tarea inacabada y no sabemos si inacabable pero ahí estaremos: defendiendo la libertad de nuestros centros con la única limitación de la ley, por muy denostado que parezca estar ese valor en estos días.
Eso conllevará la defensa de que nuestros centros puedan contratar a quién consideren más oportuno para su proyecto educativo, a que organicen sus jornadas y horarios en atención a esas mismas premisas, a que ofrezcan los servicios y actividades complementarias o extraescolares que crean adecuados a su realidad o que implanten los proyectos educativos que los dote de su genuina identidad. Y ello porque esa autonomía organizativa y pedagógica es la mejor garantía de que la tarea educativa que asumimos la desarrollamos de la mejor manera, pegados al territorio y a nuestros destinatarios y siendo fieles al carisma inspirador de nuestra obras.
La equidad debe convivir con la libertad para que entre todos seamos capaces de construir la sociedad democrática a la que todos aspiramos. La equidad entendida como café para todos, como homogeneidad o como uniformidad, especialmente en educación, ha tenido tristes precedentes históricos y aún en la España actual esta dando muestras de serias limitaciones, cuando no de instrumentalización por parte de algunas administraciones..
La única limitación debe ser el respeto a la legislación educativa, pero no a la interpretación, a veces restrictiva y a veces arbitraria, de la misma por parte de cualquiera de los partícipes en el proceso educativo.
Por eso, en tiempos mudables y veleidosos, nosotros, desde el Departamento Jurídico Regional, debemos estar a lo nuestro, con serenidad, con la mano siempre tendida y con la fortaleza necesaria para lograr el objetivo común.
Y es que el objetivo de todos, de los centros concertados y de la administración educativa, es prestar el mejor servicio educativo a la población andaluza y en ello debemos confluir.