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La historia se repite

Mediando ya el curso escolar, los que estamos en la brega diaria de la política educativa no podemos menos que sentir un cierto déjà vu (lo digo así para ponerme al día con la generalización del francés como segundo idioma que nos ha traído el Decreto de Primaria a esta Andalucía nuestra) al escuchar al Consejero de Educación diciendo que en nuestra comunidad autónoma la LOMCE no podrá entrar en vigor el próximo curso en ESO y Bachillerato y que, para salvar la situación, se redactaran unas instrucciones que den “seguridad jurídica” a alumnos y docentes en el próximo curso.

No siendo yo, en absoluto, amigo de la LOMCE no puedo, como jurista, dejar de sonrojarme al escuchar que unas instrucciones, herramienta imposible para producir efectos jurídicos con carácter general frente a terceros y en cuya redacción no se tienen en cuenta los mínimos principios democráticos, van a ser el texto que dará seguridad a tan importantes actores de la comunidad educativa. Ciertamente estamos perdiendo el norte. De hecho, estoy pensando idear un juego, al modo de piedra/papel/tijera, para mis alumnos llamado Ley/Decreto/Instrucciones para explicar, en el más puro espíritu kelseniano, que en el juego gana Ley.

No obstante, de aquellos polvos estos lodos. De una Ley impuesta sin consenso alguno o, mejor dicho, con el consenso contrario (aunque no organizado) de la mayoría de los actores educativos, no pueden venir más que este tipo de actitudes de resistencia a la implantación de la norma. A mi modo de ver, ambos se equivocan y, es más, retroalimentan posiciones que en modo alguno son democráticas: entender que la democracia es solo la victoria de la mayorías (dejando a un lado a gran parte de la población) y utilizar las instituciones como paragolpes de políticas no compartidas. Ambas posturas solo alimentan radicalizaciones y se puede llegar a escuchar a algún líder político en algún debate televisado diciendo que el Pacto Educativo es una medida regresiva que solo sirve para consolidar el statu quo actual. ¡Cielos! Es obvio que todos esperan pactar con “los suyos”. Lo dicho, estamos perdiendo el norte. ¿Cabe preguntarse al menos qué pacto es aquel que se realiza con los que quieren tu modelo?

Mucho me temo, y no como actor de la brega educativa sino como padre aún de un hijo de 4 años, que la sinrazón educativa que han vivido mis hijos mayores es la que le queda por experimentar a mi vástago menor. Más gente con la venda en los ojos intentándole dar a la piñata de la política educativa: nihil novum sub solem, siguiendo el aforismo que mi profesor de latín se empeñó en enseñarme en sus “desayunos latinos” y que muchas generaciones de escolares no han podido ya disfrutar.

Pero…vamos a ver…¡que ese camino ya está andado! ¿Nadie ha leído la frase, atribuida a Einstein, y que tan famosa se ha hecho con la crisis en la cartelería de la mayoría de centros escolares del orbe de “Si quieres conseguir resultados diferentes no hagas siempre lo mismo”?

Pues eso, en homenaje a mi profesor de matemáticas que decía que la base del cálculo de probabilidades no era matemática sino filosófica: que los individuos pudieran hacer cosas distintas…a ver si así, por lo menos, acertamos.

 

José Rafael Rich Ruiz.

Director del Departamento Jurídico de ECA

¿Vino nuevo en odres viejos?

El nuevo curso escolar nos ha recibido, como cada año, con antiguos y nuevos problemas. Algunos ya forman parte de nuestra experiencia cotidiana, otros nos sorprenden por novedosos.

En este orden de cosas, el comienzo de curso no ha estado exento de la problemática de cada año. Este año hemos tenido que emplearnos a fondo en combatir unas, cada vez más irracionales, Instrucciones de inicio de curso publicadas por la Secretaría General Técnica. Y las tildo de irracionales porque no solo constriñen la autonomía organizativa y pedagógica de nuestros centros, sin entender que el concierto educativo no nos convierte en apéndices o entidades sometidas a la administración educativa, sino que afectan a la calidad misma de la educación por cuento intentan constreñir y encorsetar la tarea educativa bajo premisas puramente economicistas y procedimentales, intentando impedir la misión educativa a la que somos llamados.

Ante estas realidades solo cabe actuar como hemos actuado, con el lógico sentido común, procurando minimizar los efectos que dichos impedimentos plantean a nuestra labor pero denunciándolos ante la Administración y recurriendo, como hemos hecho, dichas instrucciones con las armas que el derecho pone en nuestra manos.

Pero este años es, también un año de cambios, que vendrán de la mano de la ya consabida LOMCE. Algunos ya están en marcha con desigual fortuna, como es el caso de la Formación Profesional Básica, a la que me atrevo a augurar una pronta reforma si quiere cubrir algún objetivo por modesto que este sea; otros se verán suspendidos hasta el próximo curso, como es el desarrollo curricular pleno de las enseñanzas primarias y secundarias que la Junta de Andalucía habrá de realizar este año. Por ahora se conoce el borrador de Decreto y Orden que regulará la Educación Primaria. Esta en fase de alegaciones y, a día de hoy, todavía no ha pasado el preceptivo informe del Consejo Escolar de Andalucía. Los otros habrán de esperar un poco más.

Igualmente, dentro de estos cambios, se conoce ya el anteproyecto de Ley de Formación Profesional de Andalucía que pretende integrar todos los sistemas y darle una coherencia que, dicho sea de paso, no le vendría mal.

Y todo ello en un ambiente general de recortes y retrasos en materia económica (ya es un lugar común el asfixiante retraso en el abono de la partida de Otros Gastos o en la Subvenciones a Escuelas Hogar) que obliga a los centros a hacer piruetas y a las organizaciones al desgaste negociador y a tener preparadas las armas jurídicas a nuestro alcance para reaccionar ante ello.

Por otro lado, y pese a que todas las Administraciones (sean centrales o autonómicas) lo prediquen, en un contexto de completa falta de diálogo entre la Administración Educativa y los agentes sociales o educativos con lo que la incertidumbre y el hastío se propagan y las ganas de hacer algo en común por nuestro sistema educativo se desincentiva.

Malamente se pueden encarar los problemas del sistema educativo, con reforma o sin ella, con estos mimbres. Lo dicho, vino nuevo en odres viejos.

José Rafael Rich Ruiz.

Director del Departamento Jurídico de ECA.

En defensa de la autonomía de nuestros centros

Valorar el trabajo a realizar en cualquier campo merece una mirada atrás, para ver desde dónde se parte y cuáles son las necesidades, y otra adelante, con la esperanza de caminar hacia un objetivo a lograr. Por un lado vemos el camino recorrido y, a veces, hasta nos sorprendemos de la riqueza del trabajo, pues la cotidianeidad no te ofrece el sosiego necesario para hacer balance. Por otro, vemos el camino que aún nos queda por recorrer e incluso el que nos gustaría haber recorrido y que no hemos hecho por habernos encontrados obstáculos que nos han impedido avanzar más.

En el mapa estratégico del Departamento Jurídico Regional de Escuelas Católicas en Andalucía ocupa un objetivo fundamental la defensa de la autonomía organizativa y pedagógica de los centros concertados. Una autonomía siempre predicada en los textos legales pero tan pocas veces practicada por la administración educativa.

Así, en el pasado año reivindicamos y defendimos nuestra autonomía para elegir los materiales curriculares, complementarios y de uso escolar, con plena conciencia de la situación económica que atravesaban las familias pero también siendo conscientes de que las mismas comparten la preocupación por la calidad de la atención educativa que reciben sus hijos.

En dicha batalla tuvimos que superar las injerencias de la administración que, autoproclamándose única valedora de las familias, se empecinaba en tratar a los centros como sospechosos de solicitar a las familias materiales innecesarios para la tarea educativa, negando, a la postre, las aportaciones que voluntariamente pudieran hacer los padres para compensar los recortes de la Administración.  Ha sido año también de defender y criticar la injerencia de la administración en nuestra autonomía organizativa al exigirnos la utilización del programa Séneca para recoger unos datos que, en el fondo y en la forma, merecen distintos tratamientos.

Pero, sin duda alguna, este pasado año pasará a la historia por la defensa, también jurídica, que nuestra organización ha realizado de la concertación educativa. Como en la pirámide de Maslow, donde las necesidades responden a una jerarquía en función de lo importantes que sean para la subsistencia, la Consejería de Educación nos ha recordado que el equilibrio y estabilidad que hemos disfrutado, de alguna u otra forma, en las pasadas décadas podía saltar por los aires con el simple fundamento de que las familias eligiesen nuestros centros en lugar del centro público más cercano, primando así el deterioro sobre la excelencia de la calidad educativa.

Afortunadamente, una intencionada combinación de medidas reivindicativas, mediáticas y jurídicas ha dado los frutos apetecidos y hemos logrado mandar el mensaje de que defenderemos nuestros derechos con todos los medios a nuestro alcance. Ese mismo mensaje hemos lanzado ante el retraso en el abono de la partida de Otros Gastos, tan necesaria para el funcionamiento ordinario de nuestros centros, y en el que también se ha actuado con firmeza institucional y agilidad jurídica.

También ha sido año de pactos: Convenio Colectivo, Bolsa de Empleo, Educación Infantil. Dichos acuerdos también han demostrado que aún en los momentos más delicados y azotados por la crisis es posible encontrar consensos imponiendo el sentido común. Y también ha habido desencuentros: la LOMCE verá la luz con una contestación social sin precedentes.

Con este punto de partida, nuestra tarea en 2014 será estar ojo avizor en tres frentes fundamentales: la profundización en la política de “desconcertación” de la administración educativa, el arrecio en las actividades de control de la misma administración hacia los centros educativos y el desarrollo reglamentario de una nueva normativa, la LOMCE, que supondrá, una vez más, una reorientación del sistema educativo a nivel general.

Junto a las medidas reactivas, en términos puramente jurídicos, deberemos compaginar medidas propositivas, de negociación y de relación institucional en un panorama complejo, de reestructuración completa de la Consejería donde la organización y las personas están en un proceso de cambio que imprimirá otro ritmo a la fluidez en la que discurría ahora la interlocución con la administración educativa. Un nuevo reto a afrontar.

Acompañando a las medidas puramente jurídicas habremos de afrontar otras medidas con más “pedagogía social” para no perder la batalla de la calle y no ser presos de la imagen que ciertos sectores interesados quieren trasmitir, equiparando la enseñanza concertada y religiosa a centros elitistas, selectivos y hasta segregadores. Tendremos que saber trasmitir la realidad de nuestro compromiso social y educativo con Andalucía, en sintonía con la realidad eclesial actual.

Solamente sumando estas medidas, jurídicas, institucionales, mediáticas y sociales, desde un clima de unidad en el sector, podremos abordar con éxito el futuro de la enseñanza católica en Andalucía.

José Rafael Rich

Director del Departamento Jurídico de ECA

Departamento Jurídico

El Departamento Jurídico, realiza entre otras las siguientes actividades:

  1. Atención/Asesoramiento a los órganos de Gobierno de EE.CC.Andalucía.

  2. Representación y Defensa de los intereses de la escuela Católica andaluza en distintos ámbitos:

  • Consejería de Educación.

  • Tribunales de Justicia.

  • Consejo Escolar de Andalucía.

  1. Actividades de Información/formación a nuestras instituciones titulares, mediante circulares informativas y jornadas presenciales.

 

Este Departamento está dirigido por José Rafael Rich Ruíz, y cuenta con las siguientes personas:

  • Sara Isabel Prieto Vidal, Responsable del Área Jurídico-Administrativa.

  • Loles Abril Guerrero, Responsable del area Jurídico-Laboral.

  • Cada Sede Provincial cuenta con servicio jurídico, a excepción de las provincias de Almería y Huelva.

                                                                                        EMPRESAS COLABORADORAS

                                                                                  

                                                                                               EMPRESAS AMIGAS