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A lo nuestro

En un entorno donde parece que muchas cosas se derrumban o, al menos, se mueven, podemos tener la tentación de estar de acá para allá embistiendo a cualquier capote que nos tiren. Sin embargo, aunque debemos tener la suficiente cintura para dar respuesta a los nuevos retos que se nos plantean, debemos seguir la máxima de San Ignacio que nos decía que “en tiempos de desolación no hacer mudanza” (EE. 318). Desde el Departamento Jurídico Regional queremos empezar el curso centrándonos en lo importante para nuestros centros: la defensa de su autonomía organizativa y pedagógica…a pie de calle, manchándonos con ellos.

Ésta es siempre una tarea inacabada y no sabemos si inacabable pero ahí estaremos: defendiendo la libertad de nuestros centros con la única limitación de la ley, por muy denostado que parezca estar ese valor en estos días.

Eso conllevará la defensa de que nuestros centros puedan contratar a quién consideren más oportuno para su proyecto educativo, a que organicen sus jornadas y horarios en atención a esas mismas premisas, a que ofrezcan los servicios y actividades complementarias o extraescolares que crean adecuados a su realidad o que implanten los proyectos educativos que los dote de su genuina identidad. Y ello porque esa autonomía organizativa y pedagógica es la mejor garantía de que la tarea educativa que asumimos la desarrollamos de la mejor manera, pegados al territorio y a nuestros destinatarios y siendo fieles al carisma inspirador de nuestra obras.

La equidad debe convivir con la libertad para que entre todos seamos capaces de construir la sociedad democrática a la que todos aspiramos. La equidad entendida como café para todos, como homogeneidad o como uniformidad, especialmente en educación, ha tenido tristes precedentes históricos y aún en la España actual esta dando muestras de serias limitaciones, cuando no de instrumentalización por parte de algunas administraciones..

La única limitación debe ser el respeto a la legislación educativa, pero no a la interpretación, a veces restrictiva y a veces arbitraria, de la misma por parte de cualquiera de los partícipes en el proceso educativo.

Por eso, en tiempos mudables y veleidosos, nosotros, desde el Departamento Jurídico Regional, debemos estar a lo nuestro, con serenidad, con la mano siempre tendida y con la fortaleza necesaria para lograr el objetivo común.

Y es que el objetivo de todos, de los centros concertados y de la administración educativa, es prestar el mejor servicio educativo a la población andaluza y en ello debemos confluir.

José Rafael Rich

Director del Departamento Jurídico de ECA

 

¿Y cuando no es jueves?

 

Recuerdo que mis mayores, cuando no encontraba momento para hacer las cosas por razones todas ellas justificadísimas, me propinaban la frase que titula estas líneas para reprocharme que nunca es buen momento para el que no quiere encontrarlo. Algo de eso pasa con la Educación en nuestro país y en nuestra comunidad autónoma.

Si a nivel estatal se está promoviendo la oportunidad de un Pacto Social por la Educación por la misma fuerza política que perdió la oportunidad de hacerlo hace 4 años, en nuestra Andalucía no ganamos para sustos. Y no lo digo por la crisis de gobierno que nos ha traído una nueva Consejera, a la que habrá que dar la oportunidad de desarrollar sus políticas, y que viene con un marchamo encomiable de diálogo social, sino por las nuevas medidas que sobre selección de personal y atribución docente pretende imponer la Consejería sin el valorado consenso del que la nueva Consejera quiere hacer gala.

En efecto, en las pasadas semanas, la enseñanza concertada en nuestra comunidad autónoma se ha encontrado, sin necesidad, en un nuevo jardín gracias a los nuevos módulos de selección de personal y de atribución docente del inefable programa Séneca. Y digo, sin necesidad porque, como bien decía un miembro de nuestra Junta Directiva en la pasada reunión, las nuevas exigencias no vienen motivadas por ninguna norma de nuevo cuño que imponga el ingente trabajo que conllevará la revisión docente de los profesores de todo el sistema. Y eso, como no, con la espada de Damocles de algunas Delegaciones Territoriales señalando que o esto se cumplimenta para septiembre o el profesorado puede sufrir retrasos en el abono de las nóminas. Lo dicho ¿Cuándo no es jueves?

Por si tuviésemos poco para el próximo septiembre con adaptar la realidad de nuestros centros a la restrictiva herramienta senequista del anexo I, añadimos la “tensión” de la revisión del módulo de atribución docente en tiempo record con la desigual, según las plazas, colaboración de la inspección educativa y el servicio de retribuciones de cada Delegación Territorial. A ello, podemos sumar un nuevo módulo de selección de personal capaz de sacar del art. 60 de la LODE, de apenas 8 líneas, una sucesión infinita de plantillas que corroboren la “legalidad” del procedimiento seguido por nuestros centros.

Así las cosas, es conveniente por el bien de toda la comunidad educativa, y especialmente de los alumnos, poner un poco de sensatez en el auto-crispado panorama educativo concertado; respetar el trabajo que hace la enseñanza concertada en el Sistema Educativo Público de Andalucía (conforme al art. 3 de la LEA); partir de la buena fe de las partes y no de la desconfianza y cargar nuestras armas no para escabechinas internas sino para ganar la batalla al enemigo común: el fracaso escolar, las tasas de abandono, los malos resultados en las pruebas externas… Para ello, la Consejería debería evitar una conflagración que no beneficiará a nadie, y mucho menos a los destinatarios, consensuando la implementación de los mencionados módulos con los interesados para, superando los problemas de forma, poder llegar al fondo en el que todos estaríamos de acuerdo.

Evitemos el enfrentamiento dialéctico y social y centrémonos en lo que de verdad importa para creer, parafraseando los versos de Gabriel Celaya, que “la Educación es un arma cargada de futuro”.

José Rafael Rich Ruiz

Director Departamento Jurídico ECA

De Séneca

“Prefiero molestar con la verdad que complacer con adulaciones”.

Séneca.

El ilustre filósofo cordobés Séneca dejo un legado vital e intelectual que reivindicaba la independencia personal frente al poder. Su rebeldía, que le valió un final trágico, sigue siendo para las generaciones actuales un ejemplo.

Es trágico, pues, que el despiadado Google devuelva como primeros resultados, al introducir su nombre en él, los del portal virtual de la Junta de Andalucía que más ha propiciado el control del poder administrativo en la autonomía organizativa y pedagógica de los centros educativos andaluces. La venganza ha sido terrible.

El sistema informático Séneca se ha convertido en el Gran Hermano (en el sentido orwelliano del término) de la administración educativa andaluza. Con su ojo, no hay autonomía organizativa o pedagógica que se resista: controla la contratación, las titulaciones, las sustituciones, la justificación de la insuficiente financiación…pero también los objetivos educativos, las programaciones, los cuadros pedagógicos y la evaluación. Nada se escapa de su visión. La Consejería de Educación y su Secretaría General Técnica han tenido a bien sustituir el célebre “Dios te ve” por “Séneca te ve”…pero, por supuesto, sin hacer varianza en la infalibilidad del sujeto.

Esto tiene indudables consecuencias pedagógicas (retraso, cuando no impedimento, en las sustituciones del profesorado y, por tanto, en la atención educativa; homogeneización e inflexibilidad de la programación educativa), laborales (retraso en la contratación o en los abonos salariales) y organizativas (injerencia e interferencia en la organización de los centros). No obstante, desde un punto de vista jurídico, lo preocupante es la instauración de un sistema omnímodo ausente de garantías para el administrado, es decir, para el centro educativo. Y es que, al sustituir el sistema informático el modo de relación administrado/administración, toda fiscalización o control se torna más complicada por obra y gracias, obviamente, no de la “máquina”, sino de la voluntad humana (o administrativa) de zafarse de dicho control. Así, el sistema se vuelve refractario a cualquier cuestión no pre-determinada por la administración. Iconos de candados cerrados impiden cualquier posibilidad de que el administrado se dirija a la administración fuera de pauta y, sobre todo, iconos de candados cerrados son la única respuesta, impeditiva de recurso administrativo alguno, al centro educativo.

Así las cosas, se hace urgente que la administración no convierta el avance tecnológico en un modo de controlar al administrado y, sobre todo, en un modo de operar a su antojo eludiendo el procedimiento administrativo más básico, zafándose del deseado y sano control jurisdiccional llegado el caso.

El Departamento Jurídico Regional de Escuelas Católicas está comprometido en ese empeño: conseguir que la relación tecnológica con la administración no sea una sustracción de derechos del centro educativo. Estamos convencidos de que en ese viaje habrá una vía de encuentro con la administración educativa. En caso contrario, habrá que seguir el consejo de Séneca, el original, el fetén, pues “En la adversidad conviene muchas veces tomar un camino atrevido”.

José Rafael Rich

Director del Departamento Jurídico de ECA

Noli me tangere

Mi profesor de Latín en el Bachillerato, insigne salesiano que cultivo nuestro espíritu con formales adagios latinos, contaba a modo de chiste que Nerón poseía un perro que paseaba libre por Roma con un cartel colgante que rezaba “noli me tangere, caesaris sum ” (Que nadie me toque, soy del césar). Resultaba fácil imaginarse la próspera vida del can sin que nadie tocara un pelo de su ropa.

Lamentablemente, el derecho educativo no goza de dicha protección, por más que a todos nos gustase repetir ese adagio no por ser del césar, sino por sentido común. Lejos de ese deseo, cada uno que llega quiere dejar su impronta tocando la normativa educativa que rige en nuestro país o en nuestra comunidad autónoma. Si en Europa se ufanan por poseer leyes educativa de décadas de vida, aquí apenas superamos la legislatura.

Así, el año que emprendemos no estará exento de novedades legislativas. Antes de que culmine el curso habrán de pasar los Decretos que regulan la Enseñanza Secundaria Obligatoria, el Bachillerato y la Formación Profesional Básica. Pero, además, nos llevaremos por añadidura las reformas del Decreto de admisión de alumnos y, aunque no afecte directamente al sector de la enseñanza concertada, también se modificará el Decreto que regula la función pública docente en nuestra comunidad autónoma y los Estatutos de la Agencia Pública Andaluza de Educación. Eso solo en Andalucía. A nadie se le oculta lo que puede ocurrir con los cambios que pueden avecinarse en la política nacional.

Pocas veces hemos podido experimentar, como en este último año electoral, lo que supone la paralización de la “cosa pública”  durante casi 12 meses. Pues imagínense lo que supone esa paralización en la administración que sea hasta que la maquinaria se “engrasa”, por mejor voluntad que haya en el funcionamiento de la misma.

Si, desde Escuelas Católicas, siempre hemos abogado por el Pacto Educativo, éste es el momento en que debemos arreciar en la petición del mismo. La política educativa debe ser una política de Estado, pactada, que no esté sujeta a veleidades partidistas. Siempre será respetable, incluso preciso, el acento en una u otra cuestión dependiendo del color político del gobierno, pero sobre una base común establecida y pactada. La enseñanza equitativa y de calidad que todos deseamos debe construirse a años vista, con altura de miras, asumiendo lo que todos podemos aportar al sistema educativo y no viendo quién sobra.

Siempre será necesaria la ingeniería jurídica posterior pero ésta debe estar al servicio de valores que informen un sistema educativo mimado por todos.

Hasta entonces, por favor, noli me tangere.

José Rafael Rich Ruiz

Director Departamento Jurídico

Trabajo y templanza... para después de las vacaciones

 

El final de curso es época propicia para recapitular, aunque a veces tengamos el ánimo nublado por el agotamiento de diez meses de brega diaria.

Ha sido un curso raro (alguno pensará que cuál no): con una LOMCE en primaria a medio aplicar, esperando un desarrollo normativo que no terminaba de llegar; una FPB bombardeada por todos los sectores ideológicos (por acción o por omisión); una desarrollo de la ESO y el Bachillerato por parte del gobierno de la nación que tampoco ha contentado a nadie y, para finalizar, una nueva recepción “insumisa” por parte de la administración pública andaluza. Cambiar todo para no cambiar nada.  O cambiar todo para no saber cuánto durará ese cambio. Esa parece que es la idea tediosa que se va afianzando en las comunidades educativas.

En el afianzamiento de esa idea se han empeñado las decisiones mal tomadas, en tiempo y forma, por la administración educativa andaluza en los últimos meses que han dejado un regusto de desgobierno absoluto en un ámbito, como el educativo, que no se puede permitir esos lujos. Hemos deambulado por un mundo de emociones que han ido desde el más puro enfado del “señores con las cosas de comer no se juega”, a la más absoluta hilaridad, por no llorar, de la frase del chiste “hay alguien más ahí”, cuando hemos presenciado el torrente de instrucciones, a veces contradictorias, de la administración educativa.

Y en medio de la batalla, intentando además no “poner los muertos”, nuestras comunidades educativas salvando el día a día, fieles a la misión, con más voluntad que medios, prestando el servicio educativo para el que hemos sido llamados no por la LOMCE, ni por la administración educativa, sino por las familias que han optado por nuestros centros y por nuestros fundadores, fieles al mandato de Jesús: Id y enseñad (Mt, 28,19).

La tarea para Escuelas Católicas de Andalucía no va a ser menos ardua el próximo curso. Varias han sido las líneas fuerza que desde el Departamento Jurídico Regional nos hemos marcado.

La primera ha sido la de hacer un estrecho seguimiento de la implantación de la LOMCE en Andalucía, intentando incidir, en la medida de lo posible, en un desarrollo armónico y razonable a pesar de las circunstancias ambientales. En esa línea estamos aportando en los trámites de audiencia pública, en la Mesa de la Enseñanza Concertada y en el Consejo Escolar de Andalucía.

Nos preocupa, también, el proceso de concertación educativa en nuestros centros, que en los últimos años esta siendo objeto, también de nuestra atención. Queremos anticiparnos a los posibles problemas que pudieran acaecer, resolviendo con solvencia, bien negociadamente, bien judicialmente los mismos.

Otro campo prioritario en nuestro trabajo esta siendo la autonomía organizativa y pedagógica de nuestros centros, prestando atención a las Instrucciones dimanantes de la Secretaría General Técnica, las Direcciones Generales competentes o a las decisiones de la Inspección Educativa que puedan cercenar esta autonomía: en contrataciones, material escolar, servicios complementarios u organización pedagógica.

Entendemos, también, que la formación de los equipos directivos de nuestros centros es un medio idóneo para la defensa de dicha autonomía por lo que, junto a las circulares enviadas (verdadera bitácora en la navegación cotidiana), queremos potenciar las acciones formativas centradas en temas de interés.

Finalmente, estamos empeñados en colaborar con los órganos directivos de nuestra organización en la tarea de crear una sólida red institucional que haga que el sector goce del prestigio que merece.

El camino está trazado, trabajo y templanza…pero también hace falta descansar para la marcha. ¡Feliz descanso a todos!

José Rafael Rich

Director del Departamento Jurídico

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