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Concertados: SOS

Queridos/as amigos/as:

Como bien sabéis, el próximo curso corresponde la renovación de conciertos, aunque las decisiones de los mismos, por parte de la Consejería de Educación, se toman con bastante antelación y se dan a conocer a los respectivos centros en la segunda quincena de febrero.

Recordaréis que hace cuatro años, como consecuencia de la renovación de los mismos, se suprimieron siete unidades de 1º de EI (que progresivamente serían siete líneas), aunque debido a las alegaciones judiciales se lograron suspensiones cautelares.

De cara al próximo curso la situación se ha agravado debida fundamentalmente a la bajada de natalidad y la vuelta de muchos inmigrantes a sus países de origen.

Ante esta situación, un sector de la “Pública”, fundamentalmente bajo la denominación de “Marea Verde”, no sólo se han limitado a defender a la red pública, algo lógico y normal, sino que dicha defensa, en no pocas ocasiones, ha estado basada en el ataque a la “Concertada” mediante falsedades (ej. crecimiento de la red concertada en detrimento de la red pública).

Como podemos observar, se dan los ingredientes necesarios para que exista una mentalidad en favor de la enseñanza pública y en contra de la concertada, como si ésta fuera la causante de la baja demanda de muchos centros públicos. Además de generar una opinión negativa ejercen una presión en los partidos políticos, en la Junta de Andalucía y la Consejería de Educación, en particular

Los sindicatos y asociaciones, amparados en “Marea Verde”, además de faltar a la verdad, al parecer no tienen la sana costumbre de hacer autocrítica y preguntarse, por ejemplo, por qué centros en una misma zona y contando con más medios que centros de la concertada, tienen menor demanda. Tampoco da la impresión de que valoren lo que muchas familias quieren para sus hijos, ni parece importarles el que un puesto escolar en la enseñanza concertada cueste al Estado la mitad que en la pública.

En estos momentos,  desde la Consejería de Educación el mensaje que se va transmitiendo es que el cierre de unidades no puede recaer única y exclusivamente en los centros  públicos, sino que, al menos, debe asumirse de manera proporcional entre pública y concertada, teniendo como referencia el porcentaje acuñado, aunque no del todo real, del 80/20 pública/concertada respectivamente.

 Curiosamente la Consejería tampoco pone en valor la decisión de los padres a la hora de elegir el tipo de centro que quieren para la educación y formación de sus hijos, ni lógicamente lo que conlleva: entre otras cuestiones, además de la contrastada calidad educativa, algo tan importante y fundamental como el ideario del centro. Resulta que la mejor manera de “tapar” el agujero de algunos centros que no tienen demanda, pudiendo tenerla, es traspasar, por “decreto ley”, alumnos de la concertada a la pública. Se olvidan también del profesorado de la concertada y del PAS, quienes se esfuerzan día a día por aportar un valor añadido a su trabajo.

El reciente informe PISA, demoledor para Andalucía, de llevarse a cabo las supresiones de unidades concertadas con demanda, quiere decir que a la Junta de Susana Díaz no le importan los resultados de dicho informe. Se seguirá “premiando” a aquellos centros sin demanda y se seguirá “castigando” a aquellos concertados que sí la tienen. ¿No piensan que posiblemente en la decisión de los padres influye, junto a los valores que transmite la escuela católica, la calidad educativa que imparten nuestros centros, factores ambos que pueden ser los auténticos “culpables” de su elección? ¿Qué es lo que verdaderamente preocupa a la Junta de Andalucía, la buena formación de sus alumnos y alumnas o el rédito electoral? ¿Es cerrando unidades con demanda la manera que tiene la Consejería de afrontar los nefastos datos arrojados por el informe PISA?

Lógicamente, la Consejería de Educación cuando dice que el cierre de unidades debe ser equilibrado entre ambas redes (para esto si se “acuerdan” de nosotros), se les olvida decir que para el próximo curso la Consejería va a crear entre 2.300 y 2.400 puestos de trabajo en la pública (para esto no se “acuerdan”). Al parecer, según promesa de la presidenta Susana Díaz, espara recuperar lo perdido en tiempos de crisis,  pues los profesores de la pública tuvieron que pasar de 18 a 20 horas de “clases de tiza”. De esta manera, pasan nuevamente a 18 horas. ¿Acaso quiere decir que nuestros profesionales, además de cobrar menos, están capacitados para impartir 25 “horas de tiza” y otros siete menos? ¿En qué se sustenta dicha diferencia? En este tema, al parecer, ya no nos tienen en consideración. Si a todo esto le añadimos la insuficiente financiación de conciertos y la congelación de la partida de “otros gastos”, veremos que la situación se hace injusta, insoportable e inconcebible.

La Junta de ECA, consciente de la situación que nos iba a llegar, desde hace un año ha abordado este tema en todas las reuniones tenidas mensualmente y en su Asamblea de 22 de abril de este año. A lo largo de todas ellas hizo una profunda reflexión y nombró una comisión que estudiase el tema de la renovación de conciertos, al tiempo que se  diseñó una estrategia que pasaba, fundamentalmente, por proponer a la Administración Educativa un diálogo entre ambas partes con el fin estudiar, de manera conjunta, las posibles soluciones. En las reuniones mantenidas la Dirección General de Planificación y Centros nos comentaron que el estudio de cómo podía quedar el mapa de escolarización, con motivo de la renovación de conciertos, era técnico y que, por consiguiente, la decisión última correspondería a las altas instancias políticas. Por nuestra parte, dejamos también claro que en cualquier momento, si veíamos que el diálogo no era fructífero o no respondía a nuestras justas expectativas, se rompería. Además, insistimos, que la posible decisión sobre cada centro correspondía, única y exclusivamente, a sus Titulares respectivos.

 Trasmitimos a la Consejería la idea, que ha servido de introducción y marco para el diálogo, que la bajada de natalidad no podía ser una excusa para que la Junta de Andalucía redujera unidades, ni en la pública ni en la concertada, sino que debía constituirse en una oportunidad, en la que se vea claramente que Andalucía hace una apuesta firme por la educación, tanto pública como concertada. Máxime cuando aún vamos rezagados respecto a otras comunidades autónomas, como así lo recoge el reciente informe de PISA.

 Posiblemente, entre las razones con que se pueda responder, esté el hecho de que el punto de partida no ha sido el mismo entre Andalucía y otras comunidades. Habrá que reconocer el gran esfuerzo realizado por la Consejería en los 38 años, fecha desde que la Junta tiene las competencias en Educación; pero con la misma claridad habrá que decir que con casi cuatro décadas estando al frente de la educación, es tiempo suficiente para ocupar otro lugar. No obstante, la realidad nos interpela a luchar por salir del pozo en el que nos encontramos. Por ello, hay que seguir insistiendo en que es vital que se siga potenciando la inversión educación. Lo que no ayuda al progreso es que continuamente los datos que arrojan los distintos estudios del sistema educativo se achaquen año tras año, única y exclusivamente, al punto de partida y se trate de “matar al mensajero” (Informe PISA). Es hora de asumir responsabilidades. Por ello, desde ECA siempre hemos tendido la mano a la Consejería para hacer una reflexión profunda y serena, de manera conjunta, con el fin de hacer el diagnóstico adecuado y poner los medios necesarios.

Paralelamente, la Junta de ECA diseña una serie de “líneas rojas” que no deben ser traspasadas, y que se podrían resumir en las siguientes:

1.     Aunque el punto de partida entre Pública y Concertada es desigual (Ej. medios con los que cada uno cuenta, financiación, etc.), de cara a cómo puede quedar el mapa de escolarización queremos que se nos apliquen los mismos criterios que a los centros públicos. No queremos ningún privilegio, pero tampoco aceptamos más discriminaciones.

2.     Rechazamos el cierre de unidades con demanda, entendidas éstas cuando la ratio de dichas unidades sean superiores o iguales a la media de la zona.

3.     En el caso de que haya que cerrar unidades, por insuficiencia de alumnos, si en años posteriores nuevamente existe una demanda suficiente, éstas se puedan recuperar.

4.     Queremos saber el criterio a seguir con centros de una línea con poca demanda que, como la Consejería dice, no se cerrarán; pero se convertirían en centros con unidades mixtas. Aceptaremos los mismos criterios que se apliquen en los centros de titularidad pública.

Al mismo tiempo, trasmitimos a la Consejería que en la toma de decisiones se tengan en cuenta:

a.     Ubicación de los centros en zonas desfavorecidas y atención a familias de bajos recursos culturales y económicos.

b.     Proyectos de los centros que tienen a nivel de innovación pedagógica y de compromiso social.

c.     Presencia única de centros concertados.

Paralelamente, desde ECA hemos procurado que la sociedad, en general, y la comunidad educativa, en particular, tomaran conciencia de que hoy, posiblemente más que nunca, todos (fundamentalmente titulares, padres, profesores, PAS, antiguos alumnos y alumnos) tenemos la obligación de defender, sin ambigüedad, la libertad de enseñanza como un derecho fundamental, recogido en el Artículo 27 de la Constitución Española. De lo contrario, poco a poco, el derecho de libre elección de centros irá quedando en algo residual y como red subsidiaria, estando presente únicamente donde la red pública no pueda llegar o donde a los políticos, de uno y otro signo, les interese que estemos.

Para reavivar dicha toma de conciencia hemos salido en prensa, con notable repercusión mediática, en artículos de opinión, entrevistas en prensa escrita, radio y televisión, hemos sacado notas de prensa y hemos llevado a cabo ruedas de prensa. De cara a la comunidad educativa, además de una serie de circulares en las que se ha incidido en el tema que estamos abordando, se han preparado tutorías para los alumnos, se han facilitado puntos de reflexión para los claustros y se ha hecho hincapié en la labor que desempeñan los centros concertados. Por último, hemos dado amplia difusión, mediante el uso de las redes sociales, al derecho de libre elección de centro.

Todo nos hace “sospechar”, no de manera gratuita,  que en la inminente renovación de conciertos, la Consejería de Educación, siguiendo las directrices de la Junta de Andalucía, va a reducir varias unidades con demanda, comenzando por 1º de EI (recordad que cada unidad progresivamente arrastra a 13 unidades, que es el número de unidades concertadas que componen una línea). Además del daño que va a provocar en muchos profesionales, docentes y PAS, al quedarse sin puestos de trabajo, está el daño económico que va a suponer en los centros afectados, lo que va a agravar aún más la maltrecha economía de muchos de ellos, como consecuencia fundamentalmente de la insuficiente financiación de los conciertos. A todo esto habrá que añadir que la Iglesia pierde presencia evangelizadora y a los padres se les va privando, cada vez más, de la posibilidad real de poder elegir libremente el centro que quieren para sus hijos.

Por todo ello, junto con las negociaciones llevadas a cabo por ECA con la Administración Educativa y con contactos con la mayoría de los grupos políticos (hasta la fecha, PSOE, PP, Ciudadanos e IU), así como con los titulares y sindicatos con representación en el sector concertado, es necesario que toda la comunidad educativa de un paso al frente para que, al unísono, se nos oiga en nuestra defensa de la libre elección de centros, recogida en el Artículo 27 de la Constitución.

Mucho nos tememos que posiblemente sea necesario que toda la Escuela Concertada, particularmente la Católica, nos tengamos que movilizar, de manera coordinada, con la única finalidad de defender un derecho que nos asiste y del que se nos quiere privar.

Desde aquí, pido a los Titulares que motiven a sus directores y éstos a sus claustros a que secunden las iniciativas que desde la Junta de ECA proponga. Caso de que sea necesario y entendamos que, una vez agotadas todas las posibilidades y como último recurso, todos tengamos que manifestarnos públicamente, lógicamente contaríamos previamente con la opinión y autorización de los Titulares. De todas formas, el 18 de enero convocaremos a los Titulares a una Asamblea Extraordinaria, para explicarles, con todo detalle, la situación, las gestiones realizadas y las posibles medidas a llevar a cabo. Tiene que ser en esas fechas porque en la segunda quincena de febrero es cuando la Consejería informa de la resolución de renovación de Conciertos. Así mismo, los respectivos presidentes provinciales de ECA  tendrán una reunión, el próximo 25 de enero, con los directores de los centros de cada provincia.

Por último, me siento en la obligación de hacer una llamada a la unidad de toda la comunidad educativa. Por principios e identidad, e incluso por estrategia,  debemos ser solidarios. No olvidemos que el posible ataque no es fundamentalmente a unos centros concretos, ni a unas instituciones determinadas, ni a unos profesionales, ni a unos padres, sino a la Concertada, en particular la Concertada Católica. Hoy serán unos, pero mañana lo serán otros, incluso aquellas instituciones que, en su fuero interno, puedan pensar que nunca les va a tocar. Pensemos que la propuesta de cierre, en estos momentos, no es a unidades sin demanda, sino a unidades con un respaldo masivo de padres.

Durante muchos años, lo prioritario en lo que ha estado centrada fundamentalmente la labor de Escuelas Católicas ha sido en la defensa de nuestros derechos y en la reclamación de lo que por justicia nos corresponde. Por ello seguiremos trabajando como hasta ahora, sin descanso, por mejorar la educación en Andalucía y en el conjunto del Estado; pero en estos momentos estamos hablando de una cuestión de supervivencia.

Con mis mejores deseos, recibid un cordial saludo,

Carlos Ruiz

Secretario general de ECA

 

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