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¿Vino nuevo en odres viejos?

El nuevo curso escolar nos ha recibido, como cada año, con antiguos y nuevos problemas. Algunos ya forman parte de nuestra experiencia cotidiana, otros nos sorprenden por novedosos.

En este orden de cosas, el comienzo de curso no ha estado exento de la problemática de cada año. Este año hemos tenido que emplearnos a fondo en combatir unas, cada vez más irracionales, Instrucciones de inicio de curso publicadas por la Secretaría General Técnica. Y las tildo de irracionales porque no solo constriñen la autonomía organizativa y pedagógica de nuestros centros, sin entender que el concierto educativo no nos convierte en apéndices o entidades sometidas a la administración educativa, sino que afectan a la calidad misma de la educación por cuento intentan constreñir y encorsetar la tarea educativa bajo premisas puramente economicistas y procedimentales, intentando impedir la misión educativa a la que somos llamados.

Ante estas realidades solo cabe actuar como hemos actuado, con el lógico sentido común, procurando minimizar los efectos que dichos impedimentos plantean a nuestra labor pero denunciándolos ante la Administración y recurriendo, como hemos hecho, dichas instrucciones con las armas que el derecho pone en nuestra manos.

Pero este años es, también un año de cambios, que vendrán de la mano de la ya consabida LOMCE. Algunos ya están en marcha con desigual fortuna, como es el caso de la Formación Profesional Básica, a la que me atrevo a augurar una pronta reforma si quiere cubrir algún objetivo por modesto que este sea; otros se verán suspendidos hasta el próximo curso, como es el desarrollo curricular pleno de las enseñanzas primarias y secundarias que la Junta de Andalucía habrá de realizar este año. Por ahora se conoce el borrador de Decreto y Orden que regulará la Educación Primaria. Esta en fase de alegaciones y, a día de hoy, todavía no ha pasado el preceptivo informe del Consejo Escolar de Andalucía. Los otros habrán de esperar un poco más.

Igualmente, dentro de estos cambios, se conoce ya el anteproyecto de Ley de Formación Profesional de Andalucía que pretende integrar todos los sistemas y darle una coherencia que, dicho sea de paso, no le vendría mal.

Y todo ello en un ambiente general de recortes y retrasos en materia económica (ya es un lugar común el asfixiante retraso en el abono de la partida de Otros Gastos o en la Subvenciones a Escuelas Hogar) que obliga a los centros a hacer piruetas y a las organizaciones al desgaste negociador y a tener preparadas las armas jurídicas a nuestro alcance para reaccionar ante ello.

Por otro lado, y pese a que todas las Administraciones (sean centrales o autonómicas) lo prediquen, en un contexto de completa falta de diálogo entre la Administración Educativa y los agentes sociales o educativos con lo que la incertidumbre y el hastío se propagan y las ganas de hacer algo en común por nuestro sistema educativo se desincentiva.

Malamente se pueden encarar los problemas del sistema educativo, con reforma o sin ella, con estos mimbres. Lo dicho, vino nuevo en odres viejos.

José Rafael Rich Ruiz.

Director del Departamento Jurídico de ECA.

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