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En defensa de la autonomía de nuestros centros

Valorar el trabajo a realizar en cualquier campo merece una mirada atrás, para ver desde dónde se parte y cuáles son las necesidades, y otra adelante, con la esperanza de caminar hacia un objetivo a lograr. Por un lado vemos el camino recorrido y, a veces, hasta nos sorprendemos de la riqueza del trabajo, pues la cotidianeidad no te ofrece el sosiego necesario para hacer balance. Por otro, vemos el camino que aún nos queda por recorrer e incluso el que nos gustaría haber recorrido y que no hemos hecho por habernos encontrados obstáculos que nos han impedido avanzar más.

En el mapa estratégico del Departamento Jurídico Regional de Escuelas Católicas en Andalucía ocupa un objetivo fundamental la defensa de la autonomía organizativa y pedagógica de los centros concertados. Una autonomía siempre predicada en los textos legales pero tan pocas veces practicada por la administración educativa.

Así, en el pasado año reivindicamos y defendimos nuestra autonomía para elegir los materiales curriculares, complementarios y de uso escolar, con plena conciencia de la situación económica que atravesaban las familias pero también siendo conscientes de que las mismas comparten la preocupación por la calidad de la atención educativa que reciben sus hijos.

En dicha batalla tuvimos que superar las injerencias de la administración que, autoproclamándose única valedora de las familias, se empecinaba en tratar a los centros como sospechosos de solicitar a las familias materiales innecesarios para la tarea educativa, negando, a la postre, las aportaciones que voluntariamente pudieran hacer los padres para compensar los recortes de la Administración.  Ha sido año también de defender y criticar la injerencia de la administración en nuestra autonomía organizativa al exigirnos la utilización del programa Séneca para recoger unos datos que, en el fondo y en la forma, merecen distintos tratamientos.

Pero, sin duda alguna, este pasado año pasará a la historia por la defensa, también jurídica, que nuestra organización ha realizado de la concertación educativa. Como en la pirámide de Maslow, donde las necesidades responden a una jerarquía en función de lo importantes que sean para la subsistencia, la Consejería de Educación nos ha recordado que el equilibrio y estabilidad que hemos disfrutado, de alguna u otra forma, en las pasadas décadas podía saltar por los aires con el simple fundamento de que las familias eligiesen nuestros centros en lugar del centro público más cercano, primando así el deterioro sobre la excelencia de la calidad educativa.

Afortunadamente, una intencionada combinación de medidas reivindicativas, mediáticas y jurídicas ha dado los frutos apetecidos y hemos logrado mandar el mensaje de que defenderemos nuestros derechos con todos los medios a nuestro alcance. Ese mismo mensaje hemos lanzado ante el retraso en el abono de la partida de Otros Gastos, tan necesaria para el funcionamiento ordinario de nuestros centros, y en el que también se ha actuado con firmeza institucional y agilidad jurídica.

También ha sido año de pactos: Convenio Colectivo, Bolsa de Empleo, Educación Infantil. Dichos acuerdos también han demostrado que aún en los momentos más delicados y azotados por la crisis es posible encontrar consensos imponiendo el sentido común. Y también ha habido desencuentros: la LOMCE verá la luz con una contestación social sin precedentes.

Con este punto de partida, nuestra tarea en 2014 será estar ojo avizor en tres frentes fundamentales: la profundización en la política de “desconcertación” de la administración educativa, el arrecio en las actividades de control de la misma administración hacia los centros educativos y el desarrollo reglamentario de una nueva normativa, la LOMCE, que supondrá, una vez más, una reorientación del sistema educativo a nivel general.

Junto a las medidas reactivas, en términos puramente jurídicos, deberemos compaginar medidas propositivas, de negociación y de relación institucional en un panorama complejo, de reestructuración completa de la Consejería donde la organización y las personas están en un proceso de cambio que imprimirá otro ritmo a la fluidez en la que discurría ahora la interlocución con la administración educativa. Un nuevo reto a afrontar.

Acompañando a las medidas puramente jurídicas habremos de afrontar otras medidas con más “pedagogía social” para no perder la batalla de la calle y no ser presos de la imagen que ciertos sectores interesados quieren trasmitir, equiparando la enseñanza concertada y religiosa a centros elitistas, selectivos y hasta segregadores. Tendremos que saber trasmitir la realidad de nuestro compromiso social y educativo con Andalucía, en sintonía con la realidad eclesial actual.

Solamente sumando estas medidas, jurídicas, institucionales, mediáticas y sociales, desde un clima de unidad en el sector, podremos abordar con éxito el futuro de la enseñanza católica en Andalucía.

José Rafael Rich

Director del Departamento Jurídico de ECA

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