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Cuestiones a debate que exigen pronunciamientos claros (III)

9.- LA EDUCACIÓN DIFERENCIADA.

El derecho a la educación, como he dicho anteriormente, es un derecho fundamental que los poderes públicos deben asegurar en condiciones de igualdad y, por tanto, el conjunto del sistema educativo debe respetar las opciones libres de las familias y tenerlas en cuenta en la planificación educativa.

Personalmente abogo por la coeducación, pero reconozco que la educación diferenciada tiene pleno derecho, legal y legítimo, a recibir subvenciones públicas, entre ellas el concierto educativo, sin ningún tipo de discriminación. La postura de algunas comunidades autónomas de negarse a sostener con fondos públicos a aquellos centros que mantengan una educación separada por sexos, es una medida absurda y discriminatoria que no se atiene al mandato constitucional y a las disposiciones internacionales.

10.- LA DIGNIFICACIÓN DOCENTE.

Siendo el trabajo una actividad humana, se debe conseguir la dignificación y el reconocimiento social de los docentes y no docentes.

Sin embargo, tradicionalmente las Leyes Orgánicas que han contemplado medidas de apoyo al profesorado (LODE, LOGSE y LOPEG) dejaron olvidados a los “profesionales de la enseñanza de iniciativa social”. La LOCE, aunque no se llegó a aplicar, siguió la misma línea y la LOE, lejos de convertirse en el cambio necesario que esperaba todo el profesorado de privada, se ha convertido en la ratificación total de la discriminación de la que sigue siendo objeto este colectivo.

Es indudable el esfuerzo realizado por las Consejerías de Educación de algunas comunidades autónomas, tendentes a la mejora de la calidad de la enseñanza de cara a los objetivos europeos y a la reducción del elevado fracaso escolar. Pero no de la mayoría.

Hay extremos en los que hay que actuar con urgencia:
• La modificación del Reglamento de Normas Básicas de Conciertos para su adaptación a la LOE.

• La financiación de la Educación Infantil (0-3 años) mediante el sistema de convenios, para no romper el principio de igualdad de oportunidades en relación con la libertad de enseñanza.

• El acceso al régimen de conciertos del Bachillerato y de los Ciclos Formativos de Grado Superior de la Formación Profesional. No hay ninguna norma ni disposición que establezca que estos niveles educativos tienen que ser gratuitos sólo en la escuela pública. En una sociedad plural, justa y democrática no se puede privar a los padres del derecho a elegir el centro y el tipo de educación que quieren para sus hijos. No existe libertad si no hay igualdad de oportunidades y, la igualdad de oportunidades, nace de la supresión de las diferencias y de dotar a todos de los mismos medios para que así, libremente, puedan elegir. La gratuidad, debe extenderse a la enseñanza postobligatoria para que los alumnos sin recursos suficientes puedan elegir el tipo de centro y el proyecto educativo más afín.

• La homologación salarial y social del profesorado de la enseñanza privada concertada con sus homólogos de la enseñanza pública. A trabajo igual, salario y condiciones laborales iguales.

• El equipo de los equipos educativos, hasta igualarlos con los de los centros públicos, para posibilitar la reducción de la elevada carga lectiva del profesorado.

• El incremento de la partida de otros gastos para recuperar el poder adquisitivo perdido en los últimos años y su repercusión en el personal lo docente.

Mientras el Ministerio de Educación y las administraciones educativas no contemplen en sus presupuestos las cantidades necesarias para ello, será imposible que los profesionales de la enseñanza privada concertada tengan unas condiciones laborales iguales a las que la propia Administración considera necesarias para sus funcionarios. Los profesores de la enseñanza de iniciativa social seguirán obligados a tener una jornada lectiva muy superior, retribuciones inferiores, discriminaciones salariales incomprensibles en Secundaria, falta de incentivos a la jubilación, etc. etc. Seguirán prestando un servicio de interés público a la sociedad y al Estado a precio de saldo.

Pero no es menos cierto que también deben implicarse en la dignificación del profesorado y del personal de administración y servicios, las organizaciones empresariales y de titulares, únicos responsables de las diferencias retributivas existentes entre los niveles no concertados y de los concertados y de los bajos salarios del personal no docente. Deben ser más sensibles a las justas reivindicaciones de sus trabajadores y apostar decididamente por su mejora y dignificación.

Cuando los profesionales de la enseñanza (docentes y no docentes) no perciben con claridad las respuestas que se merecen, aparece el fantasma del “malestar” del que lamentablemente hay muestras fehacientes en nuestro sector.

A pesar de la grave crisis económica por la que atraviesa nuestro país, la educación no puede entrar en recesión y los sueldos de sus profesionales no pueden ser recortados como inexplicable e injustamente ha hecho este Gobierno.

11.- LA VERTEBRACIÓN DEL SISTEMA EDUCATIVO.

El avance que supuso la descentralización y los traspasos a las comunidades autónomas en materia de educación no universitaria, no puede desembocar en una interpretación errónea de la autonomía educativa.

No queremos en España 17 sistemas educativos diferentes. Por eso:

• El Ministerio de Educación debe garantizar la vertebración del sistema educativo, coordinando la educación en su globalidad, asumiendo el liderazgo que la Constitución y las leyes le atribuyen para exigir el cumplimiento del ordenamiento jurídico y legal y garantizar la coherencia de actuaciones de las administraciones públicas y su imprescindible coordinación y colaboración en un marco educativo básico común, estable y con criterios homogéneos de calidad.

• Las administraciones educativas estatales y autonómicas deben aunar esfuerzos para lograr una efectiva armonización de la enseñanza respetando las peculiaridades de cada comunidad.

• Para la necesaria vertebración de nuestro sistema educativo, para reducir los elevados índices de fracaso y abandono escolar y para conseguir los mismos derechos y deberes en materia de educación, debe garantizarse en todos los territorios la participación efectiva de las instituciones de los agentes sociales.

Que nuestro compromiso con una enseñanza de calidad y en libertad, lo sea con todo y con todos en el ámbito educativo, lo sea con la palabra, las convicciones y las decisiones.

Francisco Vírseda García

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